El Gobierno de México y las principales plataformas digitales alcanzaron un acuerdo sobre los términos de un nuevo decreto que obligaría a las empresas tecnológicas a asumir su responsabilidad en la difusión de contenidos que promuevan el odio, la violencia, el abuso y el acoso.
El consenso entre ambas partes fue anunciado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien aseguró que la normativa se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los próximos días.
“Increíblemente [las empresas tecnológicas] estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo”, aseguró la mandataria.
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La medida entrará en vigor el 3 de noviembre y prohibirá el uso de celulares durante toda la jornada en primarias y secundarias, incluido el recreo. Preparatorias y universidades tendrán reglas propias.
La propuesta regulatoria se anunció a principios de este mes como respuesta a un ataque registrado en la Escuela Secundaria Número 13 “Justo Sierra Méndez”, de Torreón, Coahuila, perpetrado por dos exalumnos presuntamente influenciados por una cuenta de redes sociales que idolatra a autores de masacres escolares ocurridas en distintos países.
En aquel momento, Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional encargado de diseñar programas y mecanismos para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos que inciten a la violencia tan pronto como sean detectados.
La intención, según la jefa de Estado, es lograr que las empresas “asuman una parte de la responsabilidad, y no difundan, promuevan, propaguen la comunicación relacionada con estos actos delictivos o conductas”.
En días pasados, la mandataria informó que su administración mantendría conversaciones con jóvenes usuarios de internet y representantes de las principales plataformas digitales que operan en el país, con el propósito de garantizar que la normativa establezca mecanismos preventivos sin recurrir a la censura.
A principios de esta semana, reiteró que, aunque los padres de los menores comparten una responsabilidad en el uso adecuado de los medios digitales, esta no puede compararse con las obligaciones que deben asumir las grandes empresas tecnológicas para garantizar espacios seguros.
“No es lo mismo la responsabilidad de una empresa monopólica, mundial, que está promoviendo sin ningún filtro que los jóvenes tengan acceso a la violencia en las redes, al abuso sexual, a una cantidad de información que no debería generarse en las redes o en las plataformas. Hay una responsabilidad que tienen que asumir las plataformas para que estos sean espacios seguros para niñas, niños y jóvenes”, subrayó.
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Los mecanismos y las obligaciones específicas incluidos en el acuerdo aún se desconocen. Según el gobierno federal, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, dará a conocer los detalles de la normativa esta misma semana.
No obstante, en ocasiones anteriores, Sheinbaum y su equipo adelantaron que en la iniciativa participarían la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se contempla la colaboración de instituciones académicas y especialistas en la materia.
De acuerdo con la información oficial difundida, las plataformas deberán establecer programas informáticos capaces de restringir el acceso de los menores a contenidos perjudiciales o su exposición a ellos. Entre estos materiales se encuentran los discursos de odio, el extremismo violento, el acoso digital, la violencia escolar, la explotación sexual, el suicidio, las autolesiones y los trastornos alimenticios, entre otros.
Además, las redes sociales y los servicios de internet deberán reforzar sus mecanismos de moderación, evitar la recomendación automática de materiales nocivos y facilitar el acceso a herramientas para denunciar este tipo de publicaciones.
Sheinbaum aseguró que “las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos”.
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Además de incorporar configuraciones de control parental más estrictas, las empresas estarán obligadas a colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con la difusión o el uso de material dañino.
Esto incluiría la designación de enlaces disponibles las 24 horas, la preservación de evidencia digital y la notificación inmediata cuando se detecten amenazas contra la vida o la integridad de las personas. El cumplimiento de estas medidas será supervisado por la ATDT y el CNI.
Finalmente, se prevé que el decreto incluya disposiciones para reforzar el programa “El ABC de las Emociones”, incorporar buzones confidenciales para detectar situaciones de riesgo de manera temprana e implementar campañas de orientación y acompañamiento dirigidas a adolescentes.
